La accidentada implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF)
Por José Roberto González Gaytán
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El 7 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Con 1,191 artículos, prometía terminar con la dispersión de decenas de códigos procesales locales y llevar a la justicia civil y familiar lo que la materia penal ya conoce: oralidad, audiencias concentradas y expediente electrónico.
Más de tres años después, el balance es otro. El Código existe, pero en buena parte del país todavía no se aplica; donde se aplica, convive con la legislación que debía sustituir, y la fecha límite para su vigencia plena, esto es, el 1 de abril de 2027, podría recorrerse hasta 2031. Quienes litigamos en materia civil, mercantil y familiar lo vemos a diario: la pregunta ya no es qué dice el Código Nacional, sino si aplica al asunto que tenemos enfrente.
El diseño de origen explica buena parte del problema. El artículo segundo transitorio no fijó una entrada en vigor nacional, sino una aplicación gradual: en el orden federal, mediante declaratoria del Congreso de la Unión a solicitud del Poder Judicial de la Federación; en cada entidad, mediante declaratoria del congreso local a solicitud de su poder judicial. Entre la declaratoria y la vigencia podían mediar hasta 120 días naturales y, a falta de declaratoria, la entrada en vigor sería automática el 1 de abril de 2027.
Cabe mencionar que la oralidad no se decreta, sino que requiere salas de audiencia, equipo de grabación, sistemas de gestión, firma electrónica y, sobre todo, capacitación. Asimismo, la implementación coincidió con la renovación del Poder Judicial derivada de la reforma constitucional de 2024, lo que no abonó a la calendarización esperada.
Así las cosas, el 20 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados aprobó, por 367 votos a favor, 60 en contra y dos abstenciones, reformar los transitorios del Código para que su aplicación en todo el país pueda concluir hasta el 1 de julio de 2031. El dictamen original planteaba abril de 2030; una reserva presentada en el pleno llevó la fecha a julio de 2031.
Por si faltara un elemento de incertidumbre, en octubre de 2026 la Suprema Corte declaró sin materia la contradicción de criterios 156/2026, por lo que la remisión que hace la Ley de Amparo al Código Nacional como norma supletoria está en el limbo mientras el Código no esté vigente en el ámbito federal. Mientras tanto, en el juicio de amparo se sigue aplicando el Código Federal de Procedimientos Civiles.
El Código Nacional es una buena ley atrapada en una mala transición. La solución no está en fijar otra fecha, sino en acompañarla de presupuesto, metas medibles y capacitación real para juzgadores y litigantes.